¿Cuál es el rumbo que lleva la economía "solidaria" dominicana?
Por Dusan Piña Valenzuela

Santo Domingo.- Si es que hay algo claro en la economía dominicana actualmente es que tiene el respaldo y reconocimiento de diversos organismos internacionales como “sólida y confiable”… Sin embargo, lo que muchos nos preguntamos es hacia dónde va… Sin duda, la concreción de una propuesta del sector “solidario” colocaría al Estado dominicano en el mismo nivel de desarrollo constitucional de otros países latinoamericanos. Un régimen económico que reconozca las distintas formas de propiedad e iniciativas económicas.

Con el correr de los meses, diversas organizaciones han detectado que la oportunidad de mejoría que proponía la reforma constitucional de la República Dominicana se diluyó: todos –o casi todos- esperábamos que incluir el reconocimiento de la economía social y solidaria como parte de las iniciativas económicas que aportan al desarrollo de la nación era lo apropiado.

Muchos se reunieron para analizar y consensuar demandas en torno a la necesidad de establecer la propiedad social y comunal como parte de las diferentes formas de propiedad y de empresa que coexisten en el país, además de la propiedad privada y estatal.

Por ejemplo, Nicolás Cruz Tineo, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), decía por enero del 2008 que “hasta ahora las propiedades asociativas y solidarias no se reconocen o son marginalmente reconocidas en la legislación dominicana”.

No obstante, este régimen se fundamenta en principios de comercio justo, preservación de la ecología, la equidad social y de género, desarrollando relaciones solidarias, de servicios sociales, sin fines de lucro y de beneficios comunes.

Asimismo, según explica la jurista y experta en la materia, Alina Ramírez, en la Constitución se reconocieron apenas dos tipos de organizaciones económicas fundadas en la asociatividad: las cooperativas y las asociaciones de trabajadores del campo. Aunque destaca que en otros países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil, ya reconocen constitucionalmente diversas formas de organización de la producción en la economía.

Como parte del pliego de propuesta a la reforma constitucional, entre otras medidas se planteaba establecer el deber del Estado de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de propiedad asociativa y comunal para asegurar el trabajo, el ahorro o el consumo; y consignar el fomento y protección de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía y seguridad alimentaría de la nación. Además, se proponía ampliar la garantía del derecho al trabajo mediante la protección al trabajo autónomo, de labores de auto sustento y cuidado humano, así como el reconocimiento de los trabajadores como actores sociales productivos, y la democratización de los factores de la producción… nada de eso ocurrió.

Actualmente, la “economía solidaria” es una opción de respuesta ante la crisis global, por lo que es necesario crear una ley especial que la regule, ya es vital establecer una política pública que favorezca este sector, surgido como mecanismo y forma de articulación social de autodefensa y estrategia de sobrevivencia de sectores pobres que al asociarse pueden gestionar con mayor eficiencia el acceso al mercado.

Lo números, el mejor ejemplo

En la actualidad, el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana es el aporte de las cooperativas y grupos de economía solidaria. Pero, para el 2008, esto representó aproximadamente 29 mil millones de pesos, en la que estuvieron involucradas cerca de 750 mil personas. Mientras, en el 2009, la cifra llegó a la irrisoria cifra de 22 mil millones de pesos… una burla.

Una multitud

Hoy, las organizaciones y empresas que constituyen el sector de la economía social y solidaria está conformada por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas, pero tan solo 892 asociaciones reconocidas legalmente agrupan a un total de 53,215 asociados, aglutinados en 60 federaciones. Entre ellos se encuentran campesinos, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños industriales y agroindustriales, grupos de mujeres y jóvenes.

Por ello, como estrategia de supervivencia, producción y reproducción de sus vidas, estas asociaciones se organizan para generar mayores ingresos, gestionar servicios sociales y comunitarios, comercializar sus productos, ofrecer asistencia técnica y facilitar microseguros y microcréditos.

Es decir, se convierten en un modelo de construcción del desarrollo local sostenible, a partir de sus propios medios de producción, recursos productivos y conocimientos locales... es de esperar que con el nuevo proyecto económico que se avecina estén todos incluidos y no sólo “algunos”…